Isidro Santana León
“El
consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, desvela que
el Gobierno regional ofrece Canarias como base logística para organizaciones
norteamericanas con intereses en África”.
El de marras, anunció, jactancioso, la intención que
tiene el Gobierno Colonial de entregar a la Matria
a los deseos lascivos del proxenetismo extranjero, sobre todo al yanqui y,
cuales palanganeros, intervenir por España para que el negocio goce aparente
legalidad y pudicia. Ya anunciábamos que la intervención en Malí, contra el
nuevo Estado de Azawad, fue una treta para que el neo-imperialismo, en este
asunto encabezado por Francia, operara militarmente en África, bajo la
“autorización” de la
Comunidad Económica de África Occidental (organización que,
si bien los países que la componen gozan de presidentes electos por sufragio
universal, sus pueblos carecen de garantías de derecho y de justicia), con la
única finalidad de rapiñar las materias primas, ya que la crisis neoliberal
lleva a la banca rota a las históricas potencias capitalistas.
A mí me hubiera gustado que los países africanos se
desarrollaran tirando de su propia soberanía y que Canarias jugara un papel fundamental en el intercambio y la
cooperación. Sin embargo, la boñigarquía, que nos mangonea en
esta pornográfica colonia, piensa seguir arrodillándose ante sus amos de la Metrópoli para mantener
el prostíbulo rentable y a perpetuidad y de paso satisfacer los intereses
imperialistas en el continente africano. La argucia utilizada para tal
propósito, aprovechándose, demagogo, de que hay cerca de 300.000 canarios sin
trabajo, es que las supuestas inversiones contribuirán a que el Archipiélago
pueda superar la actual recesión económica. No obstante, ni siquiera son
inversiones que creen algún tipo de economía productiva en nuestro
archipiélago, sino que se trata de alquilar nuestras instalaciones para
depósito y tránsito de mercancías que se producen fuera de Canarias y para
aprovisionar contingentes militares que operarán en los países africanos a fin
de mantener el control para el saqueo de sus riquezas. Bien sabe él, o debería
saber, que el actual retroceso económico en nuestra nación no se puede superar
ni reorientar mientras seamos una posesión de España, ya que el problema no
radica en las posibilidades de crecimiento del Archipiélago, sino en el caos y
la debacle en que se ha metido la
Metrópoli al desmantelar sus sectores productivos, para
suplantarlos por la especulación inmobiliaria y el enriquecimiento rápido y
desmedido, así como la dilapidación del erario público que han hecho,
principalmente, la oligarquía financiera, política y empresarial, dispendio que
está pagando Canarias y su pueblo, sin habérselo comido, bebido ni olido. De todos
los cambalaches que se hacen en Canarias, la Metrópoli se lleva el
90٪ o más, de sus beneficios, además, como es natural de una colonia,
pagando nuestro archipiélago el gasto de la limpieza del fin del espectáculo.
«La necesidad de generar empleo de forma específica
“para la población local” y el refuerzo del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias son puntos de importancia, según el Consejero». Me gustaría que la boñigarquía canaria definiera de una vez cuál es la población
local, pues, aquí, todo foráneo que llega de España y de Europa se instala sin
invitación alguna, y los de otras nacionalidades se convierten en canarios
mediante un rápido bautizo burocrático, pasando, inmediatamente, a tener los
mismos derechos que los originarios, nativos y descendientes. La necesidad de
generar empleo no pasa exclusivamente por llamar a la inversión extranjera –y
menos en condiciones coloniales– sino, como base
fundamental, por desarrollar los sectores productivos acordes a nuestra
singularidad y potencialidad, asunto del que ha hablado desde antaño el Gobierno
de la Colonia,
pero del que no han puesto en marcha ni un solo proyecto canario. Esta boñigarquía, feudataria del colonialismo español, anda siempre a
la caída de cualquier inversión de allende los mares, por ser negocios que les
rentan grandes estipendios en forma de comisiones y otros pagos en B, tanto a
ella como a sus familias y amigos; además, los negocios de la empresas
multinacionales no dejan en el tesoro canario la parte correspondiente del
capital que genera en nuestras islas, ya que por ser colonia no contamos con un
sistema tributario que obligue a las empresas, incluso españolas, a pagar el
impuesto de sociedades y que éste revierta en el desarrollo de nuestra nación.
Pero claro, negociar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias importa más que
emprender una política de estructuración productiva y económica nacional,
porque las partidas concedidas por mendicidad no van destinadas a crear una
economía productiva, y de ellas se pueden desviar suculentas cantidades que van
a para a las cuentas de los mafiosos que nos gobiernan. También pone como
pretexto, el consejero Ortiz, que Canarias no reduce
la tasa de paro porque desde el 2007 la cantidad de foráneos europeos que se
han incorporado al mercado laboral en las Islas ha sido una constante, mayor
que en el Estado. Justificaciones y más justificaciones pero, por cobardía,
ineptitud y vasallaje, no van a la raíz del problema. Estos esbirros no han
tenido el arrojo y la decencia de promover y luchar por una Ley Reguladora de la Residencia –como tantos
le hemos reprochado, por ser una necesidad intrínseca, entendida nuestra
limitación territorial–, siendo un contrasentido que el Consejero lloriquee
una vez más porque el paro sube en Canarias debido a que miles de colonos
arriban a las islas a competir por los empleos con los nativos… ¿y quién tiene
la culpa? ¡Llevan ustedes gobernando treinta años! ¿Qué han hecho además de
participar en los pelotazos inmobiliarios, de desaparecer el fondo de la RIC, de embolsillarse las ayudas del IFEM, de dilapidar el dinero público
en el caso Tindaya…? ¿Además de estar metidos en corruptelas, qué han
hecho los gobiernos de Canarias en sus diferentes legislaturas, que se pueda
honrar de beneficioso para el pueblo originario del Archipiélago?
Hasta con la vivienda pública le han dado prioridad a
muchos foráneos antes que a los nativos, y entre los nativos, prioridad al
amiguismo y al nepotismo. Habría que revisar caso por caso el asunto de las
viviendas sociales en Canarias, a ver cuáles cumplen con la legalidad. La casta
judicial, quien dice que el pueblo la confunde con el Consejo General del poder
Judicial (gobierno de los jueces elegido por el parlamento) y que protesta –así
lo manifestó en la radio una representante de Jueces para la Democracia– por la falta de medios para poder
juzgar los grandes asuntos de corrupción política y empresarial, algo tendrá
que ver en todo el embrollo… ¿no?: tampoco ha habido mucha voluntad por parte
de los jueces y fiscales, y tantos que se han inhibido en los asuntos magnos, a
saber por qué razón. Podríamos hablar desde el caso Canódromo, al que el
Tribunal de Justicia de Canarias quiere darle carpetazo a una sentencia que
dicto el propio tribunal y tantos otros que no se atreven, no por falta de
medios, sino porque son ustedes parte del sistema colonialista español en
Canarias y, aunque se hagan llamar legal, están instalados en la colonia
ilegítimamente. El pulso sí que no les tiembla para meter en la cárcel a
enfermos, pobres y desamparados. En una colonia todo está podrido aunque lo
establecido de apariencia de democracia y de legalidad. La monarquía, el poder
legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial son pilares de una
estructura extranjera –española–, impuesta en Canarias.
Mas temprano que tarde tendrán que sacar sus rejos de nuestra patria.
Tomado de: www. Elcanario.net
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