La sentencia fue pronunciada por el Jefe del Estado
español, Juan Carlos I, en su discurso de Navidad correspondiente al año 2011 a
raíz del conocimiento público del caso Nóos, en el que, entre otros, están
imputados su yerno, popularmente conocido como “Mangarín”, y su hija, la
infanta Cristina, un defalco de inmensas cantidades de dinero público, pues
según un informe de Hacienda entre 2002 y 2010 el holding controlado por el
yernísimo y su socio facturó al menos 16,06 millones de euros (cerca de tres
mil millones de las antiguas pesetas).
A esos 16,06 millones de negocio real habría que
añadir otros 8,8 millones que las empresas del entramado “sin ánimo de lucro”
computaron como ingresos por pagos cruzados entre ellas, lo que constituye en
ejemplo más de la podredumbre del régimen monárquico medieval y colonialista
español, percibido así por el 95 por ciento de los encuestados en España en
el recién publicado sociobarómetro de la Unión Europea,
veinte puntos por encima de la media, que también resulta bochornosa.
La afirmación del Jefe del Estado de que la justicia
es igual para todos no deja de ser una demagógica confirmación de todo lo
contrario, pues según la constitución española (CE) el apartado 3
correspondiente al artículo 56 dice textualmente: “La persona del Rey es
inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, o sea que el Rey no es
responsable de sus actos, lo que le confiere impunidad ante la jurisdicción
interna española, no pudiendo ser juzgado en España en el supuesto de que
hubiera o hubiese incurrido en algún acto delictivo.
Esto tiene una especial trascendencia
política-jurídica, pues dado que se trata del Jefe del Estado en última
instancia constituye la demostración de que no estamos ante un Estado de
derecho y mucho menos ante una democracia, pues democracia significa gobierno
del pueblo, mientras que el actual Jefe del Estado fue nombrado a dedo por el
anterior dictador y la propia constitución contempla la continuidad hereditaria
del régimen, como se recoge en el apartado 1 del artículo 57 de la CE que transcribimos
literalmente en el siguiente párrafo:
“La
Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don
Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La
sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y
representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores;
en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el
varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”.
El Rey no sólo heredó el régimen del anterior
dictador sino incluso el Rolls-Royce Phantom IV, creado en 1950 por el
aniversario de bodas de Isabel II de Inglaterra y del que solo existen 18
ejemplares más, automóvil adquirido por Franco en los años cincuenta que paseó
a la princesa Letizia el día de su boda en la Catedral de la Almudena y forma parte
del parque móvil de más de 70 coches de lujo incluídos las últimas
adquisiciones del monarca: dos Ferrari valorados en 500.000 euros que le regaló
el jeque Mohamed bin Rashid al Maktoum a finales de 2011 ¿Por qué será? Item
mas, el yate descaradamente bautizado Fortuna costó hacerlo cuarenta y dos
millones de euros.
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