Documentos recopilados por Eduardo Pedro García Rodríguez
Argelia, Canarias y la OUA
La situación
de las Islas Canarias ha jugado un papel influyente en la evolución del
conflicto saharaui. La presencia española en esta región norteafricana y la
postura adoptada por su Gobierno ante el proceso de descolonización del Sáhara
Occidental hubiera probablemente sido otra de no ser por las consecuencias de
naturaleza política, económica y social que iba implicando para este
archipiélago todo lo que sucedía en su entorno geográfico más cercano.
El Movimiento para la Autodeterminación
y la Independencia
del Archipiélago Canario surgía en el año 1964 cuando su principal líder,
Antonio Cubillo, residía en Argel.
Cuatro años más tarde, el Comité
de Liberación de la
Organización para la Unidad Africana,
según una propuesta patrocinada por Argelia, declaraba que todas las islas
alrededor de África, incluida Canarias, formaban parte de este continente.
Coincidiendo con la firma de los
Acuerdos Tripartitos de Madrid en Noviembre de 1975, donde España anunciaba su
salida del territorio del Sáhara Occidental, el Gobierno argelino concedía una
emisora de radio al movimiento independentista canario La Voz de Canarias Libre que
emitía desde la capital de este país y que provocaba el primer incidente
importante entre el gobierno argelino y español. Más adelante, a principios de
1977, escasas semanas antes de que el Frente Polisario realizara el primer
ataque marítimo contra embarcaciones españolas (Pinzales, 7 de Abril de 1977),
el MPAIAC anunciaba oficialmente el comienzo de la lucha armada en respuesta a
la presión que España ejercía ante Argelia para el cierre de la emisora.
(Diario de Avisos, 3 de Marzo de 1977, p. 1)
Sin embargo, los acontecimientos
se agravaron cuando en febrero de 1978, una reunión del Consejo de Ministros de
la OUA celebrada
en Trípoli acordaba trasladar a la siguiente cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno prevista en Julio de aquel año, un texto en el que, como aspecto más
importante, proponía trasladar al Comité de Descolonización de Naciones Unidas
la petición de que Canarias se incluyese como Territorio No Autónomo. La
resolución, que profundizaba en la declarada por el Comité ad hoc en 1968, era
aprobada con el apoyo de 47 países africanos y el rechazo de sólo dos,
Marruecos y Mauritania. Francia y Portugal también protestaban esta decisión,
que afectaba a sus territorios insulares en este continente.
No sólo era el papel tradicional
de apoyo a los movimientos de liberación africanos lo que motivaba el apoyo
argelino al movimiento independentista canario. El conflicto del Sáhara
Occidental subyacía en la posición adoptada por aquel país con respecto a
Canarias y su status dentro de la Organización para la Unidad Africana
tal y como lo ponía de manifiesto la cadena de reacciones promovidas desde
Argel cuando una decisión en España afectaba los intereses del Frente
Polisario.
La primera intervención de
Antonio Cubillo ante el Comité de Liberación de la OUA para defender la postura
del MPAIAC en Febrero de 1978 tenía lugar el mismo día que el Parlamento
español ratificaba el acuerdo de pesca hispano-marroquí, calificado por el
Frente Polisario como una declaración de guerra. En realidad, la razón que
motivaba la expulsión de España de dos de sus responsables de entre nueve
saharauis más -según el Ministerio del Interior, por causas de orden público y
de extranjería (La Provincia,
1 de Marzo de 1978, p. 36) – no era consecuencia estricta de estas amenazas,
sino era también la respuesta española a la intervención diplomática de Argelia
ante la OUA
patrocinando al MPAIAC. España enviaba a Argelia una señal de cuál podía ser su
actitud con respecto al Frente Polisario.
El Gobierno español fue
consciente de la gravedad de la situación. Instituciones, partidos políticos y
medios de comunicación rechazaron de manera unánime lo que se consideraba un
ataque a la integridad territorial de España, denunciando la postura de
Argelia.
Marruecos, comprometida por el
conflicto del Sáhara Occidental, manifestó a través de su ministro de Asuntos
Exteriores, Mohamed Bucceta, su rechazo a esta resolución, abogando por la
“hispanidad” de Canarias. Rabat acusó al gobierno argelino de apoyar
“organizaciones independentistas ficticias que utilizaba como marionetas según
sus intereses en la región”, equiparando al Frente Polisario y al MPAIAC. Las
aspiraciones de Rabat sobre Ceuta y Melilla y una serie de declaraciones
controvertidas sembraron también las dudas sobre cuál eran las pretensiones
marroquíes sobre Canarias, que eran aclaradas a través de un comunicado por el
propio Gobierno de aquel país. En el mismo sentido de apoyo a la hispanidad de
Canarias se expresó el Gobierno de Mauritania a través de una nota oficial.
La respuesta de España pasó por
un despliegue diplomático en África sin precedentes, intentando contrarrestar
la corriente de apoyo político que recibía el MPAIAC. Sin embargo, el grave
atentado que Antonio Cubillo sufría en Argel el 6 de Abril de 1978 marcó un
punto de inflexión. La agresión no sólo le impidió continuar su campaña
política de cara a la cumbre decisiva del mes de Julio, sino que, más
importante aún, le causó graves y permanentes secuelas físicas -que se
mantienen a día de hoy- y le obligó pasar un largo periodo de convalecencia
retirado de la actividad política y diplomática, etapa aprovechada con éxito
por Madrid. Este suceso provocó un incidente diplomático más entre España y
Argelia, después de que éste país hiciera responsable al Gobierno español de la
agresión. Madrid acusaba a Argel de apoyar una “organización terrorista”, mientras
que la prensa oficial argelina denunciaba duramente el “colonialismo español”
en África y la acción cometida en su país contra el dirigente independentistas
canario. Argel sabía, al igual que el gobierno español, que la desaparición de
Antonio Cubillo implicaba la desarticulación del MPAIAC, y con ello, limitaba
la capacidad de maniobra argelina para presionar a España.
El gobierno español tenía
abiertos dos frentes distintos, Frente Polisario y MPAIAC, unidos por un mismo
hilo conductor, el Gobierno argelino, que influía en ambos. De los dos, la
máxima preocupación se dirigía sin lugar a dudas a contener el incremento de
apoyos al independentismo canario y evitar que este dossier pasara a través del
Grupo Africano ante Naciones Unidas al Comité de Descolonización de la ONU. La polarización entre
los bloques este-oeste y la escasa influencia internacional de España hacían
imprevisible lo que ocurriera en Nueva York. Una resolución declarando a
Canarias como Territorio No Autónomo habría sido definitiva para el futuro de
este territorio.
En este contexto, con Antonio
Cubillo anulado y luchando por su supervivencia en un hospital de Argel, el
Frente Polisario dio un paso más en su estrategia de presión con el asalto y
secuestro de los ocho tripulantes del pesquero canario Las Palomas el 21 de
Abril de 1978, dos semanas después del atentado contra Cubillo y en plena
crisis diplomática hispano-argelina. El impacto que sufrió Canarias, que seguía
sin aceptar el ciclo de agresiones que durante muchos años más tendrían que
seguir sufriendo sus pescadores, obligaba nuevamente a España a adoptar
decisiones inmediatas, fundamentalmente en el plano diplomático.
El 26 de Junio de 1978, el
presidente español Adolfo Suárez se entrevistaba en Rabat con el rey Hassan II
y le agradecía el apoyo de Marruecos ante la OUA a la soberanía española sobre Canarias. Dos
días después, Suárez recibía en Madrid al presidente Valery Giscard d’Estaing,
que también ofrecía las garantías de Francia de intervenir favorablemente a los
intereses de España en lo que concernía a las islas. Suárez no aceptaba
desplazarse a Argelia dada la responsabilidad de este país en los dos
incidentes que afectaban gravemente a España e involucraban directamente a
aquel gobierno: Canarias en la OUA
y la privación de libertad de los secuestrados.
Por su parte, Argel quería elevar
al máximo nivel el rango de su interlocución con España y aliviar la cuestión
de Canarias pero, en substancia, alcanzar un compromiso más importante de
Madrid sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Sostener el apoyo al MPAIAC
resultaba cada vez más costoso y más difícil de justificar, tanto por el rápido
deterioro interno que mostraba la organización canaria, como por la fuerte
actividad de España en el continente africano, con delegaciones oficiales
viajando cada semana a un país diferente para explicar la postura de España y
la situación del archipiélago.
Las gestiones con Argel se
hicieron más intensas. Durante la reunión preparatoria del Consejo de Ministros
de la OUA para definir
los contenidos finales de cara a la cumbre, algunos países africanos como
Senegal o Túnez rebajaron su postura respecto a Canarias, tema que aún así,
estuvo finalmente en el Orden del Día de la reunión de jefes de Estado y de
Gobierno pero modificaciones substanciales con respecto a la resolución de
Trípoli.
El último golpe de efecto del
Frente Polisario y Argelia fue la presentación ante los medios de comunicación,
a escasas 48 horas de la cumbre y durante las sesiones preparatorias del
Consejo de Ministros de la OUA
que elaboraba el texto final sobre Canarias, de los pescadores retenidos por la
guerrilla saharaui desde hacía tres meses. La fotografía de las ocho personas,
vestidas con la vestimenta tradicional saharaui en el desierto, se entremezclaba
con los debates intensos que estaban teniendo lugar en Jartum sobre el futuro
político de Canarias y que habían puesto a la diplomacia española en su momento
más delicado. En una estrategia calculada, los pescadores denunciaban que se
sentían abandonados por el Gobierno español, que no hacía lo suficiente para
liberarlos, trasladando este malestar a la sociedad canaria que a su vez,
exigía la implicación personal del presidente Suárez. El Gobierno español se
negaba a mantener una interlocución con el Frente Polisario, a quien no
reconocía. Aunque el objetivo aparente era tranquilizar a las familias de las
víctimas, la sociedad española recibía aquel gesto de exhibición de los
prisioneros de guerra como un obsceno mensaje político de Argel a Madrid.
Finalmente, la propuesta sobre
Canarias no obtuvo los dos tercios de votos necesarios para ser aprobada: del
total de 49, treinta países, entre ellos Argelia y Libia, apoyaron la
independencia de Canarias y el reconocimiento del MPAIAC como Movimiento de Liberación
Nacional; quince mostraron su rechazo, entre los que se encontraban Marruecos,
Mauritania, Cabo Verde, Egipto y Túnez. El MPAIAC no alcanzó su objetivo al
producirse cuatro abstenciones que resultaron decisivas.
Sobre la cuestión del Sáhara
Occidental, después de un intenso debate dividido entre dos bloques de países
alrededor de Argelia y de Marruecos, se decidió volver a discutirla en el
futuro con una reunión monográfica. De la cumbre, el Frente Polisario no
consiguió su reconocimiento oficial como parte en el conflicto; sin embargo,
del secuestro de los ocho pescadores españoles, sí logró que el primer partido
del gobierno de España, Unión de Centro Democrático, a través de su secretario
de relaciones internacionales, Javier Rupérez, firmara en Octubre de 1978 un
comunicado conjunto donde se le reconocía como “único y legítimo representante
del pueblo saharaui en lucha”. Sólo así la guerrilla saharaui accedió a liberar
a sus prisioneros de guerra retenidos desde hacía seis meses en los campamentos
de refugiados de Tinduf.
El Movimiento por la Autodeterminación
y la Independencia
de Canarias, sin Cubillo, fue incapaz de contrarrestar la acción de España. Sus
expectativas quedaron muy debilitadas por las resoluciones de Jartum, que
concluyó, excusándose en falta de tiempo para debatir más en profundidad,
pidiendo más información sobre el dossier canario y retrasando una decisión
final a posteriores reuniones. La cuestión canaria no se cerró, pero siguió
dependiendo del empuje que recibiera de Argel. Argelia fue moderando en los
meses posteriores sus gestos al independentismo canario al mismo tiempo que el
Frente Polisario se iba desmarcando y encontrando más sensibilidad española a
sus intereses. Gracias al incidente de Canarias en la OUA y la repetida actitud de
Argelia desde los Acuerdos de Madrid, España fue más consciente que nunca de su
fragilidad en África y que el futuro del conflicto del Sáhara Occidental estaba
íntimamente ligado al destino y a la estabilidad económica y política de
Canarias.
España normalizaría lentamente
las relaciones con Argelia y el presidente Suárez visitaría Argel en Mayo de
1979. Aprovechando ese momento, se celebró un encuentro histórico entre el
presidente español y el secretario general del Frente Polisario, Mohamed
Abelaziz, aunque Madrid advirtiera que lo hizo en calidad de presidente de su
partido político. Durante este viaje no se realizó ninguna gestión con respecto
al asesinato de siete pescadores del Cruz del Mar en Noviembre de 1978 y la
detención de los terroristas. Dos dirigentes de la guerrilla saharaui se
encontraban por aquel entonces en busca y captura por orden judicial de las
autoridades militares españolas, uno de ellos con residencia conocida en la
capital argelina.
En el 1980, el Frente Polisario iniciaba
una oleada masiva de secuestros a pescadores de diferentes nacionalidades con
el objeto de internacionalizar el conflicto y conseguir de los países afectados
un reconocimiento oficial a la
República Árabe Saharaui Democrática. El mayor secuestro colectivo
por motivaciones políticas en la historia de España (treinta y ocho personas
retenidas al mismo tiempo en un periodo de cautiverio de dos a seis meses de
las tripulaciones del Gargomar, Costa de Terranova, Sarita y un marinero del
Cabo Jubi-II) culminó con el establecimiento de conversaciones directas entre
emisarios del Gobierno español y el Frente Polisario, y a través de la firma de
un comunicado conjunto, el reconocimiento de éste como “representante del
pueblo saharaui”. Este acuerdo conllevaba un pacto implícito de no más
atentados en el mar contra embarcaciones españolas que se prolongó hasta 1984.
Como medida de preventiva de protección, el Gobierno español arrendaba aquel
año dos pesqueros y los “dotaba adecuadamente” para que actuaran en zonas que
correspondían a las de máxima concentración de pesqueros.
Una visión más profunda de la
relación existente entre el conflicto del Sáhara Occidental y las variables de
Argelia, Canarias y la
Organización para la Unidad Africana,
también debe referirse al servicio decisivo que sin quererlo ni saberlo,
prestaron sacrificadamente los pescadores españoles víctimas de agresiones en
las aguas del Sáhara. No fue una instrumentalización de la vida de aquellas
personas, pero sí fue un elemento relevante en la toma de decisiones. Es un
error ignorar o simplificar el análisis.
El margen de maniobra de España
con respecto a Canarias y el Sáhara Occidental, y por extensión, con Argelia y
Reino de Marruecos, era tan reducido y tan complejo que la implicación del Ejecutivo
español con respecto a uno y otro dossier debía ser milimétricamente medida.
Las víctimas de atentados marítimos o de secuestros, en otras condiciones,
habrían recibido sin lugar a dudas otro tratamiento y otra respuesta política y
hasta penal acorde con los principios democráticos reconocidos en las leyes.
Pero esta situación era también utilizada por el Gobierno español para
dosificar y equilibrar sus relaciones con las dos partes en conflicto: a una la
responsabilizaba de la agresión; a la otra de no haber sido capaz de impedirla.
Sin embargo, España no se
enfrentaba en última instancia al Frente Polisario, sino a la capacidad e
influencia de Argelia en la región, y en particular en África. La incertidumbre
de que Canarias volviera a ponerse en el objetivo de la poderosa maquinaria
diplomática argelina estuvo muy presente en aquellos años.
Cuando Felipe González accedía a
la presidencia del Gobierno de España en 1982, el independentismo canario había
perdido totalmente su capacidad de maniobra. En consecuencia, el Gobierno
español se veía más liberado ante Argelia para adoptar una posición de fuerza
con respecto al Frente Polisario, advirtiéndole severamente que no admitiría
nuevas agresiones. Cuando éstas se reprodujeron en 1984, González no dudó un
instante en adoptar medidas contundentes, la más importante, cuando decreta la
expulsión en Septiembre de 1985 de todos los responsables del Frente Polisario
de España y el cierre de sus oficinas en este país, algo que ya había realizado
Francia anteriormente cuando el Frente Polisario secuestró a nacionales de
aquél país en territorio de Mauritania en el año 1977.
Años más tarde, en 2003, Antonio
Cubillo sería reconocido por instancias judiciales españolas como víctima de
terrorismo, con derecho a recibir una indemnización económica. En términos
políticos y penales, quedaba demostrado que la operación para asesinarle
-diseñada desde instancias próximas al Gobierno español- había sido un golpe
irreversible para el MPAIAC relevante con respecto al desarrollo del conflicto
del Sáhara Occidental. (Juan Karlos
Pérez Álvarez, redactor en el blog
arabatik. 2013).
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